ste jueves se llevó a cabo el primer gran encuentro entre el Gobierno Nacional y la industria minera. En el marco del Congreso Nacional de Minería, que se realiza en Cartagena, los empresarios mostraron su preocupación sobre el rumbo que tendrá el sector en los próximos cuatro años, mientras que el Ministerio de Minas y Energía reveló cuáles serían las prioridades.

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, presentó la agenda del gobierno y aseguró que el plan de trabajo estará enfocado en cuatro ejes: un nuevo modelo de formalización, el reconocimiento de derechos, la responsabilidad fiscal y ambiental y el ordenamiento territorial.

En la nueva hoja de ruta que ya vislumbra el Gobierno, Vélez detalló que se respetará la titulación existente, al igual que todos los derechos adquiridos por las compañías mineras que operan en el país.

No obstante, reveló que se hará una revisión total de la titulación minera colombiana, con el objetivo de identificar las responsabilidades fiscales y ambientales que tienen las empresas en el país.

“Nos interesa que la minería tenga una responsabilidad ambiental y fiscal y para eso vamos a hacer una revisión de cómo estamos en temas de titulación minera. Las empresas que nos expliquen que son responsables en ese sentido, básicamente lo que necesitamos hacer es que tenemos la casa limpia”, expresó la ministra.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, Colombia tiene alrededor de 7.226 títulos mineros, de los cuales el 46% son de materiales de construcción, 29% metales preciosos, 13% carbón, 3% esmeraldas y 1% en cobre.

La idea de la ministra es entrar a analizar cada uno de estas obligaciones ya pactadas, en su apuesta por organizar “la casa”. De hecho, Vélez reiteró que “se respetará los debidos procesos, todos los derechos adquiridos se van a respetar, pero en el marco de la delimitación de los páramos debemos avanzar en un ejercicio de sustitución minera que asegure que estamos protegiendo la nación”.

El Gobierno en este momento analiza, según la jefe de la Cartera, la creación de nuevos modelos de asociatividad empresarial, que se centrarán en lo que han llamado Asociación Público-Privada Popular. En palabras gruesas, se trata de un nuevo modelo en el que las comunidades locales tengan más participación en las acciones y decisiones que se tomen en sus territorios.

No es claro aún si este tipo de participaciones de las que habla la ministra sean dentro de la empresa, o incluso en juntas directivas, sin embargo lo que sí aclaró es que esto podría resolver los históricos conflictos que se dan en los territorios por el desarrollo de la actividad.

“Creemos que este modelo permitiría resolver conflictos históricos que este sector (minero) conoce muy bien y es que, cuando una empresa llega a un territorio vincula a la comunidad solamente como participante o consultada, y la comunidad no se siente involucrada ni que tenga una capacidad de decisión sobre lo que está sucediendo en su territorio, que luego son difíciles de gestionar posteriormente”, dijo.

Es de resaltar que Vélez confirmó que se apostará por ordenamiento legal de la minería, el cual tiene que ver con actualizar el Código de Minas, que lleva más de tres décadas vigente y “necesita leerse a la luz de las banderas que se han generado para los pequeños mineros, especialmente, mineros tradicionales”.

Fuente: Forbes