Esta semana, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) calificó de “confusa” la intención del Gobierno de modificar la Ley de Orden Público para alcanzar la denominada “paz total”. En específico, con la norma se busca ampliar las facultades del ejecutivo para negociar con la guerrilla y convenir las reglas del sometimiento a la justicia de otros grupos armados para desarrollar la paz como una política de Estado. A ojos del Eln, esa estrategia del Gobierno es un exabrupto pues “califica a bandas del crimen organizado, sin motivaciones del alzamiento armado, conectadas a los intereses de las élites, como si fueran organizaciones de oposición, amparándose de forma retorcida en requisitos convencional del Derecho Internacional Humanitario”. Además, pide que a la hora de negociar no lo igualen con los grupos residuales del paramilitarismo mezclado con crimen común, como el Clan del Golfo, Los Costeños o Los Pachelly.

El Eln emitió este comunicado a pocos días de que se cumpla el primer mes del anuncio del Comisionado de Paz, Danilo Rueda, de retomar los diálogos de paz. Su posición se centra en que la guerrilla tiene unas luchas sociales y goza de bases políticas, mientras que los otros grupos armados se enmarcan en la delincuencia común y el crimen organizado. “si se va a dialogar con los paramilitares, o las bandas, o los disidentes, pues es una situación diferente, porque ellos tienen unas motivaciones muy particulares, muy distintas a una organización alzada en armas, que tiene digamos unos propósitos, unos objetivos políticos, tiene una ética, tiene una forma, una manera de hacer las cosas, en cambio las bandas no, los otros agrupamientos no, tienen más interés particular, los negocios, el uso de la violencia para intimidar, que es funcional al establecimiento en el caso de los paramilitares, entonces Nosotros no podemos entrar en ese mismo costal, sí vamos a dialogar, sí vamos a conversar, entonces, no somos muy de la idea de decir que vamos a hacer una paz total, no”, manifestó Antonio García, primer responsable del grupo.

¿Es o no es delicada esta declaración en esta primera etapa de la conversación, en un contexto en el que, se sabe, el Eln es una guerrilla que no busca la toma del poder y que ha dejado claro que su meta no es transitar la reincorporación civil de la forma en que lo hicieron las antiguas Farc? Realmente, la respuesta depende desde dónde se le mire. Para el senador Humberto de la Calle, exnegociador de paz con las Farc en La Habana, si es un mensaje delicado pues refleja, en primer lugar, sus principios.

“Es delicado porque ellos no están planteando una posición negociadora sobre las penas, o sobre el petróleo o los cultivos ilícitos. Están planteando una cosa que para ellos es de principio, que es sostener la tesis de que solo con el reconocimiento político puede haber lugar a negociaciones. A mí me preocupa un poco el mensaje. Yo en el caso personal apoyo la llamada «paz total», pero debo advertir que hay dificultades, y una de ellas ha aflorado ahora con ese comunicado del Eln. Por eso me parece que hay que mantener una capacidad negociadora fuerte en el Estado”, indicó De la Calle.

No obstante, en segundo lugar, el senador reconoció que el alegato del Eln es importante políticamente y tiene una parte de razón porque la tradición histórica del país sí ha sido negociar con las organizaciones con carácter político. A pesar de esto, insiste en que técnicamente, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y la Ley 418, nunca se ha exigido que solo se negocie con un grupo con base política. Es decir, el descontento de la guerrilla recae en buena medida en una interpretación propia y no de una lectura adecuada del DIH, norma que citó en su comunicado.

Para Víctor Currea-Lugo, el mensaje del Eln no es delicado en tanto hace parte de una negociación que apenas comienza y en la que cada parte está poniendo sus inquietudes sobre la mesa. “La declaración de la guerrilla es parte del diálogo, uno en el cual se dice lo malo, no lo bueno. Es una muestra de que los canales de comunicación del Eln están abiertos. No veo que sea un rechazo a la paz total”, explicó Currea-Lugo, que es doctor de la Universidad Complutense y una de las personas que más ha escuchado al grupo.

De hecho, sobre el concepto del DIH en el que se basa la guerrilla, Currea-Lugo insiste en que es un debate jurídico innecesario y desgastante que no tiene sentido, teniendo en cuenta que hacer la paz es primero un debate de voluntad política, no un tema jurídico. “No obstante, sí se debe reconocer que la naturaleza del Eln es diferente y que no quiere un plan de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) porque es un modelo cercano a la rendición”, agregó.

Según el experto, el gobierno tiene claro cómo se debe plantear el diálogo con esta insurgencia, más aún cuando dicho proceso está en manos de una persona como el comisionado de Paz, Danilo Rueda, que reconoce las realidades de la guerra con este actor. Lo que el Eln viene pidiendo desde años atrás es que el diálogo no sea cerrado entre solo dos partes (ellos y el Gobierno), sino que sea participativo y cuente con múltiples voces de la sociedad. “El gobierno tiene sobre la mesa todos los insumos necesarios para hacer una paz no exprés, pero sí una paz ágil con el Eln: sabe lo que el Eln piensa, tiene la agenda con el Eln, tiene expertos que le pueden ayudar, tiene la voluntad política para negociar, tiene una delegación en Cuba. ¿Qué más quiere?”, cuestionó.

Si el Gobierno es estratégico, tanto en su comunicación como en sus acciones, Currea-Lugo insiste en que la paz con el Ejército de Liberación Nacional podría lograrse “muy rápido”: “Usted puede construir una casa rápida si tiene los permisos de trabajo, los ladrillos y los maestros de obra. Pero si usted dice que va a sacar el permiso, dos años después va a traer los maestros y después va a comprar los ladrillos, eso nunca sale a tiempo. Ninguna norma debe impedir la posibilidad de ir avanzando en una negociación. ¿Se necesita esa ley para que vaya alguien a hablar a nombre del Gobierno con el Eln? No. ¿Se necesita esa ley para suspender las órdenes de captura? No. ¿Se necesita esa ley para activar la sociedad civil y que participe en la formulación de una estrategia de paz? No”, concluyó.

Fuente : El Espectador